Ejecución de sentencia y localización de patrimonio — Cobrar cuando ya se ha ganado el pleito

Resolvemos
sus dudas

Tengo una sentencia firme y el deudor no paga, ¿qué hago?

Transcurrido el plazo legal de espera desde la firmeza, se presenta demanda ejecutiva. Lo relevante es no tratarla como un trámite: la ejecución que se limita a pedir un embargo genérico y esperar suele acabar archivada por insolvencia aparente. La diferencia entre cobrar y no cobrar está en agotar desde el principio los mecanismos de averiguación patrimonial que la ley pone a disposición.

¿Puede el juzgado investigar el patrimonio del deudor?

Sí. El artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al letrado de la Administración de Justicia dirigirse a entidades financieras, organismos públicos y registros para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. Es una herramienta muy potente, sin coste adicional, y su uso sistemático es lo que distingue una ejecución bien llevada.

¿Está obligado el deudor a declarar lo que tiene?

Sí. Requerido de oficio o a instancia del ejecutante, el ejecutado debe manifestar relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con indicación de cargas y gravámenes. El tribunal puede imponerle multas coercitivas periódicas hasta que responda con la debida diligencia, y el incumplimiento puede tener además consecuencias penales.

El deudor no tiene nada a su nombre, ¿se acabó?

No necesariamente. Es frecuente que el patrimonio esté formalizado a nombre de sociedades interpuestas, de familiares o transmitido en fechas próximas al impago. Ahí caben la acción rescisoria del derecho común, la doctrina del levantamiento del velo, la responsabilidad del administrador por no promover la disolución y la querella por alzamiento de bienes, que pueden ejercitarse en paralelo a la ejecución.

¿Qué se puede embargar y en qué orden?

La ley fija un orden que arranca por el dinero o las cuentas corrientes, sigue por créditos y valores realizables a corto plazo y termina por los bienes de realización más lenta, como los inmuebles y las empresas. Ese orden admite alteración por acuerdo o cuando resulte más conveniente, y elegir bien es determinante: un inmueble hipotecado hasta el límite es una traba sin valor práctico.

¿Se puede embargar el sueldo?

Sí, pero de forma limitada. Es inembargable el salario en la cuantía del salario mínimo interprofesional, y las cantidades que lo excedan se embargan por tramos con porcentajes crecientes. Cuando el ejecutado tiene cargas familiares, el tribunal puede rebajar el porcentaje. Estos límites se aplican también a las cuentas donde se recibe la nómina, con reglas específicas de cómputo.

¿Caduca el derecho a ejecutar la sentencia?

Sí. La acción ejecutiva fundada en sentencia caduca si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a su firmeza. Es un plazo que sorprende a muchos acreedores que dejan reposar una sentencia esperando que el deudor mejore de fortuna, y una vez transcurrido no hay forma de recuperarlo.

Han embargado un bien que es mío y no del deudor, ¿qué puedo hacer?

Cabe interponer tercería de dominio para el alzamiento del embargo, acreditando la titularidad del bien con anterioridad a la traba. Se tramita como incidente y exige documentación fehaciente de la adquisición. También existe la tercería de mejor derecho para quien sostiene tener preferencia en el cobro sobre el ejecutante.

¿Merece la pena ejecutar si el deudor parece insolvente?

Depende del importe y de los indicios de patrimonio oculto, y eso es lo que valoramos antes de que el cliente asuma coste alguno. Hay ejecuciones que no deben iniciarse y conviene decirlo. En otras, la mera activación de la averiguación patrimonial y de la manifestación de bienes bajo apercibimiento provoca un acuerdo de pago en las primeras semanas.