Derecho bancario

Sentencia TJUE C-70/25: phishing, devolución inmediata y negligencia grave

(act. 21 de octubre de 2026)Mario Miralbell12 min lectura
Sentencia TJUE C-70/25 phishing: fachada de cristal de una torre de oficinas que refleja otro edificio, devolución inmediata y negligencia grave
Sentencia TJUE C-70/25 phishing: fachada de cristal de una torre de oficinas que refleja otro edificio, devolución inmediata y negligencia grave

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25 (Tukowiecka, nombre ficticio asignado por el propio Tribunal), ECLI:EU:C:2026:852, resuelve una cuestión que divide desde hace años a entidades y clientes en los fraudes por phishing: si el banco puede negarse a devolver una operación no autorizada cuando considera que el cliente la hizo posible por negligencia grave.

La respuesta es negativa en cuanto al momento de la devolución. Pero la lectura del texto íntegro, y de las conclusiones del Abogado General Rantos de 5 de marzo de 2026, muestra algo que la cobertura mediática ha pasado por alto: la sentencia no traslada al banco la pérdida derivada de la negligencia del cliente. Lo que hace es ordenar la secuencia.

Puntos clave

  • El fallo: el proveedor de servicios de pago no puede negarse a devolver de inmediato el importe de una operación no autorizada alegando que el ordenante actuó con negligencia grave.
  • El plazo: a más tardar al final del día hábil siguiente a la notificación, si el cliente la comunicó sin demora injustificada.
  • La clave: la devolución no es definitiva. El artículo 74 regula el reparto de la pérdida «en una fase posterior», y la entidad puede reclamarla si prueba la negligencia grave.
  • El límite: la recuperación no puede hacerse recargando unilateralmente la cuenta; exige acudir a las vías legales.
  • La única excepción a la devolución inmediata sigue siendo la sospecha fundada de fraude del propio cliente, comunicada por escrito a la autoridad competente.

El caso: N.O. contra PKO BP

La demandante, titular de una cuenta en el banco polaco PKO BP S.A., tenía un objeto a la venta en un portal de subastas en línea. Un tercero, haciéndose pasar por comprador, le envió un enlace que aparentaba proceder del portal para «confirmar la venta». El enlace llevaba a una página que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de banca electrónica. Con ellos, el estafador transfirió 3.000 eslotis (unos 705 euros) a su propia cuenta, confirmando la operación con un código SMS que también obtuvo de la clienta mediante el engaño.

Al día siguiente, la clienta comunicó la operación al banco y a la policía. El autor nunca fue identificado. PKO BP rehusó la devolución por entender que la clienta, por negligencia grave, había incumplido su obligación de custodiar el instrumento de pago. El banco sostuvo ante el tribunal que podía apreciar por sí mismo los requisitos de su responsabilidad y quedar dispensado de devolver si demostraba esa negligencia.

El Sąd Rejonowy w Koszalinie (Tribunal de Distrito de Koszalin) planteó la cuestión prejudicial con una observación de contexto que explica buena parte de la sentencia: según el tribunal remitente, ningún banco había demandado nunca en Polonia a un consumidor para recuperar una operación no autorizada por negligencia grave, mientras que los consumidores sí acumulaban demandas por negativas a devolver. A su juicio, la excepción se había convertido en la regla.

Qué ha resuelto el TJUE

El fallo declara que los artículos 73.1 y 74.1 de la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2):

«deben interpretarse en el sentido de que un proveedor de servicios de pago no puede negarse a devolver inmediatamente a un ordenante el importe de una operación de pago no autorizada por entender que dicho ordenante hizo posible tal operación al cometer una negligencia grave incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 69 de la Directiva 2015/2366».

Conviene fijarse en la formulación: lo que se excluye es negarse a devolver de inmediato. La sentencia no declara que el cliente gravemente negligente quede liberado de la pérdida, ni que la entidad deba asumirla.

El razonamiento del Tribunal, paso a paso

El Tribunal sigue los cuatro criterios clásicos de interpretación:

  1. Tenor literal. El artículo 73.1 prevé una sola excepción a la devolución inmediata: los motivos razonables para sospechar fraude comunicados a la autoridad. No contempla ninguna por negligencia grave (apartados 33 y 34).
  2. Ambigüedad del artículo 74. El Tribunal reconoce que su tenor admite dos lecturas: que la negligencia grave excluya la devolución inmediata, o que solo afecte al «carácter definitivo de la devolución», de modo que el proveedor devuelve primero y reclama después «por las vías legales establecidas a tales efectos» (apartado 38). Opta por la segunda.
  3. Contexto. El considerando 71 y la regla de la carga de la prueba del artículo 72.2, que obliga al proveedor a probar la negligencia grave, confirman que los artículos 73 y 74 regulan dos fases distintas: la devolución inmediata y el reparto de la responsabilidad «en una fase posterior» (apartados 39 a 42).
  4. Objetivos y génesis. Permitir la negativa obligaría al consumidor a litigar y a soportar las costas (apartado 45). Además, la excepción por fraude se introdujo durante la tramitación de la PSD2 y el artículo 107 impide a los Estados añadir otras (apartados 48 y 49).

El Tribunal rechaza también el argumento de los Gobiernos checo e italiano, según el cual esta lectura vaciaría de contenido los mecanismos de resolución alternativa de litigios del artículo 102: esos mecanismos abarcan cualquier controversia sobre los títulos III y IV de la Directiva y no son un trámite previo obligatorio para verificar la negligencia (apartados 50 y 51).

Una devolución provisional, no una asunción de la pérdida

Es el punto central para las entidades. El apartado 46 de la sentencia afirma que esta interpretación «no impide que el proveedor de servicios de pago reclame posteriormente al ordenante», en las condiciones del artículo 74.1, el reembolso de las pérdidas debidas a su negligencia grave.

El Abogado General lo expresa sin matices en el punto 38 de sus conclusiones: la devolución inmediata «no tiene carácter definitivo». Si, con posterioridad a esa devolución provisional, el proveedor demuestra que el ordenante incumplió deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones, puede exigirle que soporte las pérdidas.

El régimen de fondo de la Directiva, por tanto, permanece intacto: el ordenante que actúa con negligencia grave soporta todas las pérdidas, sin el límite de 50 euros. Lo que cambia es quién tiene el dinero mientras se discute y quién debe tomar la iniciativa.

La recuperación pasa por las vías legales

Hay un matiz práctico de primer orden. Durante el procedimiento, el Gobierno italiano propuso que la entidad pudiera recuperar directamente lo devuelto, sin acción judicial, cuando tuviera motivos razonables para apreciar negligencia grave. El Abogado General rechazó esa tesis (puntos 47 y 48): equivaldría a no haber devuelto y obligaría de nuevo al cliente a demandar.

La consecuencia es clara: no cabe recargar unilateralmente en la cuenta el importe devuelto. Si el cliente no lo restituye voluntariamente, la entidad debe ejercitar la acción correspondiente y probar la negligencia grave, cuya carga le atribuye el artículo 72.2.

Encaje en el derecho español: el Real Decreto-ley 19/2018

En España la PSD2 se transpuso mediante el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago, cuyos preceptos se corresponden con los interpretados por el TJUE:

  • Artículo 45: devolución inmediata y, en todo caso, a más tardar al final del día hábil siguiente, salvo motivos razonables para sospechar fraude comunicados por escrito al Banco de España.
  • Artículo 46: con carácter general, el ordenante soporta hasta 50 euros, pero soporta todas las pérdidas si se deben a fraude o al incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de sus obligaciones del artículo 41, entre ellas proteger sus credenciales.
  • Artículo 44: el registro del uso del instrumento de pago no basta necesariamente para acreditar la autorización ni la negligencia grave; la entidad debe aportar elementos de prueba.
  • Artículo 43: comunicación sin demora injustificada y, en todo caso, dentro de los trece meses siguientes al adeudo, con las salvedades legales.

Al tratarse de una materia de armonización plena, ni el legislador ni los tribunales españoles pueden admitir excepciones a la devolución inmediata distintas de la sospecha de fraude. Los artículos 45 y 46 deben aplicarse en el orden que fija el TJUE: primero se devuelve, después se repite si hay base para ello.

Lo que la sentencia no dice

La lectura que se está extendiendo, «el banco siempre tiene que devolver el dinero del phishing», va más allá de lo resuelto.

No toda estafa es una operación no autorizada

En el caso enjuiciado no se discutía que la operación fuera no autorizada: la ordenó el estafador, con las claves y el código SMS obtenidos de la clienta. El TJUE parte de esa calificación y no la examina.

Distinto es el supuesto, cada vez más frecuente, en que es el propio cliente quien ordena y confirma el pago, engañado sobre su destino: el falso empleado que le pide «mover el dinero a una cuenta segura», el falso proveedor que cambia el IBAN de una factura o la falsa inversión. En esos casos la entidad puede sostener que la operación fue autorizada por el ordenante, aunque su voluntad estuviera viciada por el engaño de un tercero. Si la operación es autorizada, no rige el régimen de los artículos 45 y 46.

La calificación no es automática, pues el artículo 44 impide deducirla solo del uso de las credenciales. Depende de qué vio, introdujo y confirmó el cliente en cada paso. Pero, a nuestro juicio, será la principal frontera de litigiosidad tras esta sentencia.

La sospecha fundada de fraude del cliente

La excepción del artículo 73.1 sigue vigente y, según el considerando 71, permite a la entidad realizar una investigación en un plazo razonable antes de devolver. Exige indicios objetivos de fraude del propio cliente, como vínculos con el beneficiario, recepción de los fondos o patrones repetidos de reclamación, comunicados por escrito al Banco de España. La simple apariencia de descuido no basta, pero utilizada con rigor es una herramienta legítima frente a las reclamaciones simuladas.

La notificación sin demora injustificada

La devolución opera «sin perjuicio del artículo 71»: presupone que el cliente comunicó la operación sin demora injustificada (apartado 32). En el caso enjuiciado lo hizo al día siguiente. El Abogado General distingue expresamente este supuesto del resuelto en la sentencia Veracash (C-665/23), relativa a las consecuencias de no informar sin demora. Cuando la comunicación llega semanas o meses después, la entidad conserva un argumento que habrá que valorar caso por caso.

Qué va a pasar ahora

A nuestro juicio, la sentencia tendrá cinco consecuencias prácticas:

  1. Fin de la denegación de entrada. Rechazar una devolución por «operación validada con claves» o por negligencia grave será difícil de sostener ante el Banco de España y los juzgados, con el consiguiente riesgo de costas.
  2. Inversión de la iniciativa procesal. El propio Abogado General señala que el legislador quiso que fuera el proveedor, y no el ordenante, quien ejercite en su caso la acción judicial. Previsiblemente aumentarán las acciones de recuperación frente a clientes, muchas de cuantía reducida.
  3. El debate se desplaza a la calificación. Las entidades examinarán con más detalle si el pago fue autorizado, y los reclamantes intentarán presentar como no autorizadas operaciones que el cliente confirmó. La prueba técnica de la autenticación será decisiva.
  4. Presión sobre los plazos internos. Decidir en un día hábil si se devuelve, si la operación fue autorizada o si hay indicios de fraude exige protocolos de revisión muy rápidos.
  5. Un riesgo de cobro real. Un derecho a recuperar lo devuelto que resulte incobrable en la práctica desplaza el riesgo de forma distinta a como lo concibió el legislador. La eficacia de la acción de recuperación será la medida real del equilibrio del sistema.

Implicaciones prácticas para los proveedores de servicios de pago

La sentencia no obliga a las entidades a renunciar a sus derechos, sino a ejercerlos en otro orden. Algunas pautas:

  • Clasificar la reclamación desde el primer día. Operación no autorizada, operación autorizada obtenida mediante engaño o posible reclamación fraudulenta: cada categoría tiene un régimen distinto.
  • Preservar la prueba técnica. Registros de autenticación reforzada, dispositivo e IP, mensajes y avisos de seguridad mostrados, secuencia de pantallas y confirmaciones. Es la prueba que exige el artículo 44 y la que sostendrá después la recuperación.
  • Devolver con reserva expresa. Cuando proceda devolver pese a indicios de negligencia grave, conviene comunicar por escrito al cliente que se hace en cumplimiento del artículo 45, con carácter provisional, y que la entidad se reserva las acciones del artículo 46. La devolución no es un reconocimiento de responsabilidad.
  • No recargar la cuenta. La recuperación debe articularse por las vías legales, nunca mediante un adeudo unilateral.
  • Documentar la excepción de fraude. Si se invoca, la comunicación al Banco de España debe recoger motivos concretos y verificables.
  • Diseñar la recuperación por importes. Para reclamaciones de cuantía reducida y documentación sólida, el procedimiento monitorio puede ser una vía proporcionada; para volúmenes mayores, una gestión agregada con criterios homogéneos.

Conclusión

La STJUE de 15 de octubre de 2026 (C-70/25) fija una regla de procedimiento nítida: alegar la negligencia grave del cliente no permite retener la devolución de una operación no autorizada. Pero no altera el reparto final de las pérdidas. La devolución es provisional, el cliente gravemente negligente sigue respondiendo y la entidad conserva su derecho a reclamar, ahora por las vías legales y con la carga de la prueba.

El efecto real de la sentencia es reubicar la controversia: del momento de la devolución a la calificación de la operación como autorizada o no, y a la calidad de la prueba que la entidad sea capaz de aportar. En ese terreno se decidirán, a partir de ahora, la mayoría de estos asuntos.


Análisis basado en el texto íntegro de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de octubre de 2026, N.O. contra PKO BP S.A., asunto C-70/25 (ECLI:EU:C:2026:852), edición provisional, y en las conclusiones del Abogado General Rantos de 5 de marzo de 2026. Última actualización: octubre 2026.

Preguntas frecuentes

¿Qué dice la sentencia del TJUE C-70/25 sobre el phishing?
La sentencia de 15 de octubre de 2026 (Sala Primera, N.O. contra PKO BP S.A.) declara que los artículos 73.1 y 74.1 de la Directiva 2015/2366 impiden al proveedor de servicios de pago negarse a devolver inmediatamente una operación no autorizada por entender que el ordenante la hizo posible por negligencia grave. La devolución debe hacerse a más tardar al final del día hábil siguiente a la notificación, siempre que el cliente la haya comunicado sin demora injustificada.
¿Es definitiva la devolución que hace el banco?
No. El TJUE explica que el artículo 73 regula la devolución inmediata y el artículo 74 el reparto de la responsabilidad «en una fase posterior». El Abogado General Rantos es todavía más explícito: la devolución «no tiene carácter definitivo» y, si la entidad demuestra después la negligencia grave del cliente, puede exigirle que soporte las pérdidas.
¿Puede el banco volver a cargar en la cuenta el importe devuelto?
No de forma unilateral. El Gobierno italiano propuso que la entidad pudiera recuperar directamente lo devuelto si tenía motivos razonables para apreciar negligencia grave, y el Abogado General rechazó esa tesis porque dejaría sin efecto la devolución. Si el cliente no restituye voluntariamente, la entidad debe acudir a las vías legales y probar la negligencia grave, cuya carga le corresponde.
¿Hay algún caso en que el banco no tenga que devolver de inmediato?
Sí, uno solo: que la entidad tenga motivos razonables para sospechar fraude y los comunique por escrito a la autoridad nacional competente, que en España es el Banco de España (artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018). Al tratarse de una norma de armonización plena, los Estados miembros no pueden añadir otras excepciones.
¿Se aplica la sentencia a cualquier estafa bancaria?
La sentencia parte de que la operación era no autorizada, algo que no se discutía: fue el estafador quien ordenó la transferencia con las claves y el código SMS obtenidos de la clienta. Cuando es el propio cliente quien ordena el pago engañado sobre su destino, la entidad puede sostener que la operación fue autorizada, supuesto que la sentencia no examina.
Mario Miralbell

Mario Miralbell

Socio Director

Socio Director de Miralbell Guerin Abogados. Especialista en litigación y derecho mercantil con más de 20 años de experiencia.

Derecho bancario

¿Gestiona reclamaciones por fraude en pagos?

Cuéntenos brevemente su situación. Le diremos si podemos ayudarle y cómo lo abordaríamos.

  • Primera consulta sin compromiso
  • Respuesta antes de 24 horas
  • Oficinas en Barcelona y Madrid

Mario Miralbell

Socio Director · Responsable del servicio